La burla a la Constitución Nacional, al orden jurídico que rige a la estructura federal del país y a infinidad de normas sancionadas por las instituciones democráticas, en primer lugar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, constituye un intento que bien puede encuadrarse como un acto sedicioso. Está dirigido a lograr el objetivo contrario al que proclama: preservar la posición dominante que un grupo de medios retiene ilegalmente, lo que va en contra de la libertad de expresión y la circulación libre de la palabra.
Poco más de dos semanas después de lanzar a su policía contra pacientes del Hospital Borda y contra trabajadores, entre ellos muchos periodistas, Macri junto a De la Sota y sus aliados políticos y mediáticos pretenden ampliar territorialmente la trenza mafiosa que encabezan con un puñado de empresarios, intentando que otros estados se sumen a la operación para abatir el ordenamiento constitucional, junto con una oposición miope que por especulación electoral corre el riesgo de convalidar un conflicto institucional de imprevisibles consecuencias para el presente y futuro del país.
Por tanto, convocamos a todos los ciudadanos de la Argentina a rechazar la aplicación de este decreto y de cualquier ley que de él emane y viole los derechos de libertad de expresión, laborales y profesionales, y someta a los argentinos a la desigualdad ante la ley, consagrando la impunidad.
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