Finalizaron las audiencias por la Ley de Medios en la Corte Suprema. Ahora se espera el fallo.

La Corte Suprema ya está en condiciones de emitir su fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios.
Fueron dos jornadas intensas. En la primera expusieron los Amicus Curiae y en la segunda, las partes. Las preguntas de los supremos obligaron a precisar argumentos.
Al culminar, los representantes del Estado Nacional manifestaron mayor conformidad que los del Grupo Clarín. Por las dudas, el apoderado y abogado principal del grupo, Damián Cassino, dijo que si el fallo les resulta adverso no lo acatarán, apelando a instancias internacionales.
El Tribunal realizó 59 preguntas: 17 fueron para Clarín, 36 para el Estado y 6 para un perito. Luego vinieron las réplicas y últimas consideraciones de cada parte.
El eje principal que utilizó Clarín para defenderse fue el éconómico. Desde la óptica del grupo sólo es posible hacer periodismo si la empresa tiene la envergadura, tamaño y escala que detenta Clarín. Sin embargo, la pregunta que más les costó responder fue: ¿porqué sostienen que de aplicarse esta ley se afectará la libertad de expresión? Ante esto Clarín argumentó que “si se altera la red actual, la sustentabilidad del grupo se va a perder y se va a perder la única voz crítica que existe en nuestro país”. Luego remataron que “lo único que se persigue es desguazar al Grupo Clarín”.
El Estado nacional respondió las 36 preguntas de la Corte a través del equipo técnico del AFSCA (autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual).
Luego, para la réplica final, Martín Sabbatella tomó el micrófono y expresó: “Todas, absolutamente todas las empresas de la Argentina, menos Clarín, presentaron su plan de adecuación voluntaria. A menos que creamos que todos tienen vocación suicida, o que todos tienen ganas de fundirse, no se entiende cómo el resto de las empresas sí están dispuestas a adecuarse voluntariamente. Es mentira que la aplicación de la ley funde a las empresas. Si uno quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina, el límite de la ley alcanza. Ahora, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para otros objetivos, si uno quiere tener otra empresa para extorsionar a la democracia, si uno quiere tener una compañía audiovisual para definir el rumbo del país, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para manipular la opinión pública o para poner y sacar presidentes, obviamente no alcanza”.
La Corte ya cuenta con todos los elementos que solicitó para dictaminar la constitucionalidad de esta ley que el parlamento aprobó hace 4 años. Si bien no tiene plazos para emitir su fallo, muchos estiman que la resolución se conocerá en pocos días más.