La AFIP desbarató una red de empresas fantasma

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desactivó una red de 30 empresas fantasma por medio de las cuales se evadió hasta 70 millones de pesos, en Oberá, Misiones. El ente oficial protagonizó 13 allanamientos por orden judicial a domicilios vinculados con las firmas investigadas en el marco de una pesquisa por asociación ilícita y lavado de dinero. En esas incursiones descubrió que las empresas fantasma alcanzaron a prestar servicios por 300 millones, lo que derivó en la mencionada evasión tributaria.
La AFIP  informó que la sociedad desmantelada estaba integrada por contadores, abogados, técnicos informáticos y escribanos "que creaban empresas apócrifas en la zona centro de la provincia de Misiones, y en constante expansión hacia otras ciudades importantes del país". Las acciones en contra de la asociación ilícita se iniciaron en febrero pasado tras una denuncia de la AFIP en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, bajo la sospecha de una asociación ilícita cuyo objetivo era evadir impuestos. Según informó ayer la AFIP, los integrantes de la presunta asociación son "jóvenes de entre 30 y 40 años, en su mayoría profesionales, que tienen la particularidad de haber concurrido al colegio Linneo o ser egresados del Gastón Dachary".
El ente agregó datos sobre el procedimiento del grupo. "Los miembros –informó– reciben al cliente en cualquiera de las sucursales" donde "se  confecciona un memo con la situación del contribuyente", a quien se ofrece la solución. La organización facilitaba una amplia gama de servicios para la evasión como la creación de empresas fantasma, el servicio de prestanombres, el uso de documentos falsos, las cesiones permanentes de socios, simulación de personal, confección de estados contables falaces, la realización de concursos y también quiebras fraudulentas, e incluso el intercambio de cheques con el fin de eludir controles.
"Los acusados tienen una inmobiliaria que les arma los contratos de alquiler, crean las sociedades, usan en general los mismos domicilios y despliegan toda la infraestructura para el armado", sumaron fuentes de la AFIP. Las empresas, agregaron, "son proveedoras de clientes y se modifican permanentemente" con frecuentes traslados del personal y ventas de sus bienes. En el marco de la investigación, la oficina pública puso la lupa sobre la adquisición de "gran cantidad de bienes pertenecientes a empresas inactivas, entre ellos vehículos". Según se precisó, los investigadores detectaron la existencia de firmas que no tenían operatoria comercial ni acreditaciones bancarias, pero poseían vehículos o propiedades, "por lo que se solicitó que también se investigue el delito de lavado de activos".
Otras conductas denunciadas como mecanismos para burlar los controles fiscales fueron la utilización de prestanombres, la creación de inmobiliarias que confeccionaban los contratos de locación, y el descuento de cheques a través de financieras.
El juez federal Ramón Claudio Chávez ordenó además el secuestro de material documental, entre el cual se cuentan libros de dos escribanías de Oberá, Misiones. La Ley Penal Tributaria prevé penas entre tres años y medio y diez años de prisión para este tipo de delito con agravantes para los "cabecillas"